Una operación conjunta entre el Ejército, la Armada y la Policía Nacional intervino puntos críticos de extracción ilícita de oro en El Bagre, Antioquia. Las pérdidas para las estructuras criminales ascienden a multimillonarias cifras.
Por: Redacción Nacional – Lo Mejor De Colombia
29 de septiembre de 2026
La lucha contra las economías ilícitas que depredan los recursos naturales del país y financian a los grupos armados al margen de la ley registró un hito estratégico de gran envergadura. En las últimas horas, la Fuerza Pública desplegó con éxito la Operación Aquiles en el sector de Río Viejo, jurisdicción del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, propinándole un revés financiero directo al Clan del Golfo.
Desmantelamiento de alta precisión técnica
El operativo conjunto, coordinado estrechamente entre el Ejército Nacional, la Armada y la Policía Nacional, logró neutralizar un enclave de extracción aurífera clandestina de alta capacidad industrial. En el sitio, las autoridades inutilizaron elementos determinantes para la cadena criminal, destacándose 3 imponentes dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales.
Información de inteligencia militar detalla que esta maquinaria permitía remover grandes volúmenes de sedimentos y lechos hídricos para extraer un promedio estimado de 26,5 kilos de oro al mes, valorados comercialmente en cerca de 11.130 millones de pesos en el mercado informal.
La ruta de la extorsión y el desangre financiero
Más allá del impacto sobre la maquinaria pesada, las investigaciones revelaron el esquema de retornos económicos que utilizaba la subestructura Uldar Cardona Rueda, perteneciente al Clan del Golfo. Este grupo criminal constreñía las operaciones locales exigiendo una extorsión equivalente al 15 % de la producción total de oro, lo que se traducía en ingresos ilícitos cercanos a los 1.669 millones de pesos mensuales para financiar su aparato armado.
Con la intervención de estos puntos de producción minera, se calcula una afectación logística y de capital superior a los 6.200 millones de pesos directos en activos fijos y maquinaria destruida, fracturando de manera severa su capacidad de expansión y su sostenibilidad armada.
Un respiro para los ecosistemas de la región
El impacto de esta minería ilegal no solo se reflejaba en los libros de contabilidad criminal, sino en una severa crisis ambiental. Las autoridades ambientales y los ministerios correspondientes han insistido en que el uso indiscriminado de mercurio, maquinaria pesada y la consecuente deforestación destruyen la estabilidad de los suelos y aceleran la contaminación de afluentes vitales, impactando directamente las cuencas del río Nechí y su conexión con el sistema del río Cauca.
Con estas acciones institucionales, el Gobierno Nacional reafirma su directriz de combatir sin tregua las economías criminales que combinan el narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros, blindando el patrimonio ecológico de Colombia y devolviendo la tranquilidad a las comunidades del Bajo Cauca.
